Trabajo por cuenta propia: ¿Suma o resta?

por Sara Sariol Sosa 

Aunque haya  transcurrido más de año y medio desde que el trabajo por cuenta propia inició su camino hacia la flexibilización y ampliación, como variable insertada a un nuevo contexto económico en Cuba, muchas son las inquietudes, expectativas e interpretaciones que todavía lo circundan.
Acaso el mayor progreso en esas disquisiciones, esté en el reconocimiento de su innegable relación con el precepto de propiedad en el socialismo, y su impacto como modalidad de empleo frente a un imperioso reordenamiento laboral en pos de eficiencia empresarial.
En no pocas ocasiones, especialistas en el tema, han destacado su alcance social como vía para no dejar -tal es la probada voluntad del sistema que edificamos- a ningún trabajador desempleado.
La primera experiencia en ese sentido –conocemos- se remonta a los días de la desaparición del campo socialista, que sacudió nuestras estructuras económicas y provocó el receso de entidades fabriles y de servicios, la reubicación de miles  de trabajadores en otras labores, o su disponibilidad con la garantía de solo poco más de medio salario.
Dos décadas después, cuando los impactos de una crisis global nos obligan a valorar nuestras insuficiencias productivas, la decisión del país tampoco es ahora cerrar entidades y dejar a sus colectivos a la buena de dios.
Se trata de facilitar el acceso de cientos de miles de cubanas y cubanos a esa suerte de autoempleo, que anda acomodándose hoy con legislaciones nuevas, favorecedoras, y lo seguirá haciendo mañana, hasta acercarse lo más posible a cuanto esperan de ese mecanismo tanto el Estado como los cuentapropistas.
Como alternativa que llegó para quedarse, su avance organizado y dinámico, deberá contribuir ineludible y progresivamente, a que el primero se exonere  de elevados gastos en salarios, se descargue de la prestación de un grupo de servicios, de la comercialización de bienes, y se concentre en las grandes producciones primarias que permiten el desarrollo y generen ingresos importantes para el país.
Mientras, posibilitará a los segundos, estabilizar sus ingresos personales, aportar a la dinamización de la circulación monetaria y llenar con sus ofertas vacíos del mercado.
Sin embargo, en medio de su readaptación, hoy preocupan algunas estadísticas que advierten que de la cifra de personas acogidas a esta forma de empleo una buena parte ha entregado sus licencias.
¿Cuán fidedigno es ese dato?
TENDENCIAS
Para ejemplificar tal tendencia vale apoyarse, en un estudio promovido en el municipio de Yara, por la máxima dirección del Partido en la provincia.
La Dirección de Trabajo en esa localidad controló durante el 2012 un total de 344 bajas, pero un análisis de los listados dio fe que la cifra real era menor, pues 38 trabajadores comprendidos en dicho universo, estaban registrados doblemente  (ejercían dos labores) y se quedaron con una sola licencia o se cambiaron a otra actividad, pero se mantuvieron en ese emergente sector.
Igual sucede en el resto de los municipios de Granma (y del país), hecho por el cual hasta febrero, se había contabilizado en la provincia la devolución de 19 mil  538 autorizaciones.
Viéndolo de ese modo, los controles deberán perfeccionarse y definir no tanto la cifra de licencias otorgadas y devueltas, sino el número de personas físicas que entran y salen del sistema, con independencia de la o las actividades que realicen.
Esos argumentos no niegan, sin embargo, una estimable cantidad de trabajadores retirados aquí del cuentapropismo.
Mas, en el mundo, según entendidos, eso llega a ser algo normal, pues la quiebra de pequeñas y medianas empresas es superior al 27 por ciento, y alcanza hasta un 40 por ciento en algunos países. Para nosotros constituye una alarma,  tal vez porque somos en buena medida neófitos en tales incursiones, y no es que eso no deba preocuparnos, sino que lo más importante será ahondar en las causas del problema.
Los argumentos más repetidos entre quienes se retiran aquí son los elevados tributos a pagar y las dificultades para adquirir materia prima ante la inexistencia de un mercado mayorista.
Pero, amén de las devoluciones, el sector sigue sumando. Al  cierre del mismo febrero, en la provincia se controlaban cerca de 18 mil trabajadores por cuenta propia (TPCP) -el 64,4 por ciento eran desvinculados-, alrededor de nueve mil más que antes de la flexibilización de la actividad, porque frente a las innegables limitantes mencionadas, no todos reaccionan de la misma manera, y sus expectativas también son diferentes.
¿GANANCIA O PÉRDIDA?
Rodolfo Toirac Beltrán, elaborador-vendedor de alimentos ligeros  y bebidas no alcohólicas, de Manzanillo, reconoce que a pesar de una mejoría en el actual sistema tributario   no hay una correspondencia entre el impuesto y la relación porcentual  ganancia-  gastos.
Sus utilidades  por la venta de pasteles y bocaditos bajaron en cuatro y dos pesos, respectivamente, por el encarecimiento de la materia prima (carne de cerdo,  harina) y la ausencia  de  un mercado que regule y estabilice  los precios.
Pero él se mantiene activo porque nunca aspiró a hacerse rico y trabaja con el objetivo de servir al cliente con calidad y el principio de  vender más aunque gane menos.
Leodán Álvarez Ladrón de Guevara, trabajaba como  dependiente gastronómico en la  base de campismo La Sierrita, de Bartolomé Masó, y lleva ahora también se desempeña como elaborador de alimentos.
Declaró tener  utilidades entre 600 y 800 pesos mensual; planteó la necesidad de ampliar la instalación para la venta de pizzas, y que el Banco le facilite créditos no en cheque si no en efectivo para poder pagarle esas labores a un particular.
Margarita Manrique,  de ese mismo municipio, y jubilada  de Educación,  llevaba 18 años como  manicura. Entregó la patente por resultar muy altos los impuestos y ello implicaría tener que cobrar más cara la prestación. Los impuestos, opina, debían tener en cuenta las posibilidades y poder adquisitivo de cada territorio.
Iris Nubia Sánchez Aguilera, de Pilón, productora- vendedora de útiles del hogar, cepillos y jabas y sombreros, se lamenta, con lógica, de tener que pagar tres patentes cuando esos artículos pueden considerarse todos como útiles domésticos. Los mismo pasa con las vasijas de aluminio y otros bienes.
Su coterránea Adelaida Reytor Martínez, con un paladar, asegura que muchos días no vende nada, precisan comprar los aseguramientos a particulares y a altos precios,  incluso en otros municipios; cuando más afluencia de comensales recibe solo gana 250 pesos, y aunque no venda nada está obligada a pagar la patente y por dos ayudantes.
Esas opiniones apuntan  al reiterado reclamo, por una parte, de tener en cuenta la territorialidad, que bien podría encontrar solución en un análisis de los salarios promedio de cada lugar; y por otra, a la apertura de mercados mayoristas.
Esta última hasta hoy se ha presentado como una decisión poco viable en nuestras condiciones económicas,  pero ¿qué tan difícil será cierta apertura si todos sabemos que muchas de las materias primas de que se sirven los trabajadores privados son desviadas, en cantidades nada despreciables, de los almacenes estatales, por individuos que se las apropian y las venden como si fueran suyas?
La problemática es compleja, más si los Consejos de Administración, conocedores de las particularidades de su
demarcación, están facultados para elevar impuestos, pero no para bajarlos.
¿Pudiera decirse, entonces, que es inoperante esta modalidad de empleo y que solo deja pérdidas? Sabemos que no, pues si así fuera todos devolvieran sus patentes, nadie trabaja para no ganar nada. Todo depende del lugar, del tipo de actividad, del nivel de gastos, e incluso de las habilidades particulares de quienes la practican.
Por otra parte, cómo llegar un día a un consenso, si no todos son responsables con la información que emiten.
Llama la atención que entre los encuestados a propósito de esta investigación, muy pocos  aceptaron declarar sus ingresos totales y ganancias, con el casi ingenuo argumento de que no los dominan, cuando conscientes somos de que los negocios por cuenta propia se llevan a punta de lápiz.
Detrás de esa actitud se asienta en muchos casos la tentativa  de aportar al fisco menos de lo que se debe.
PENSAR EN EL PRÓJIMO
Si el cuentapropismo, por tocar otra arista del asunto, no acaba de ser bien visto por todos los cubanos es porque no pocos de quienes lo ejercen, amparados por la ley de oferta y demanda (o mejor del que oferta manda),  pretenden que sea la población quien sostenga el pago de sus impuestos, a partir de precios poco accesibles a cientos de trabajadores estatales, que ganan mucho menos que ellos.
Por suerte están esos que no han pensado nunca en esta forma laboral como modo de éxito inmediato, sino más bien como una manera de sustentar decorosamente a la familia y brindar un servicio útil, que todos agradezcan.
En Bayamo, Salvador Néstor Rodríguez Quesada, con su barbería en la calle Zenea, esquina a Manuel del Socorro, cuenta que cobraba a tres pesos el  servicio, y a insistencia de muchos lo subió a cinco, pero nunca lo elevará a 10, como si lo ha hecho la mayoría de los barberos, que dicho sea de paso tienen un nivel de gastos muy inferior a otros autoempleados.
“Al cliente hay que cuidarlo, destaca, con lo que gano me alcanza para vivir, y hay personas que están peores que yo.”
Con ese mismo pensamiento solidario laboran Roberto Cutiño y otros nueve  trabajadores de la relojería El Ópalo, ubicada en el paseo bayamés, quienes después haber pasado la unidad a las nuevas formas de gestión (arrendada), mantienen a las reparaciones los mismos precios que cuando estaban vinculados al Estado.
Raúl Rivero García, un periodista manzanillero jubilado de esta publicación impresa, hoy vendedor de útiles del hogar,  confiere mucho valor a esta variable contenida en ‑­
los lineamientos partidistas, y se siente satisfecho con que un tercio del total de sus ingresos sean utilidades (unos 500 pesos).
Reconoce cuestiones por ordenar, como la mejor identificación de las actividades, pues la vida demuestra que la gran mayoría de quienes venden no producen, entonces no pueden ser denominados productores-vendedores.
Se considera un trabajador comunitario, pues los vecinos vienen a su casa a resolver problemas eventuales, de una pieza para el fogón, una vela si llegó de imprevisto un apagón; inclusive hace rebajas según la situación económica de la persona que requiere sus prestaciones, o da facilidades de pago.
Su compañera Margarita Pantoja, apuesta, como clave para elevar las ventas, por la competencia, la calidad y el buen trato, principios que no todos tienen en cuenta.
Ejemplos opuestos a los citados pueden mencionarse, como el de los cocheros, que subieron la tarifa a dos pesos cuando se les elevó el impuesto, y aunque después se lo bajaron, siguieron cobrando lo mismo, y algunos de ellos, todavía inconformes, ahora cobran un peso más si uno se monta poco antes de la piquera oficial, por ejemplo a unos 70 metros antes de la piquera ubicada frente a la bayamesa terminal del ferrocarril.
Múltiples son las inconformidades populares respecto a estos transportistas –que no todos tienen un trato cortés-, suscitadas en las recientes asambleas desarrolladas en centros laborales para la discusión del plan  económico y el presupuesto del 2013. Muchos pobladores abogan porque en este caso, el Consejo de la Administración, en uso de sus facultades, vuelva a subir el impuesto.
AUNAR VOLUNTADES
Entre las peticiones más reiteradas de los TPCP, figura lo relacionado con la aceptación de la reventa de algunos artículos de las tiendas recaudadoras de divisas, que no implican necesariamente acaparamiento, como la cola loca. Alegan que no siempre una persona dispone de 1.25 CUP para comprar el sobre completo, pero sí de cinco pesos para un tubito.
Algunos alegan que si la prohibición no es discutible, entonces ¿por qué en los paladares se revenden refrescos y cervezas adquiridos tanto en moneda nacional como en divisas?
Otro reclamo sentido es que se sigan acondicionando espacios para estos trabajadores, pues no es lo mismo vender útiles del hogar en un reparto, que vender zapatos u otros artículos.
Así, por ejemplo, piensan los manzanilleros, quienes defienden que el parque de Los Framboyanes (bastante ‑­
desaliñado por cierto) se arregle con esos fines, por estar ubicado en una arteria cercana a las tiendas, de manera que quienes no encuentren en estas lo que buscan puedan acudir al particular.
Sin dudas continuar ordenando la actividad requiere de la voluntad de varios organismos, como reconoce Maydolis Tamayo Estrada, directora provincial  de Finanzas y Precios.
Señaló lo tocante a la ilegalidad; eso afecta a quienes están controlados y pagan sus impuestos. Buscamos como medida preventiva  la inscripción, y a los reincidentes se les aplican los decretos  establecidos.
Relacionó entre las reclamaciones  de los afiliados  al movimiento sindical, una atención más sistemática, el acceso a medios de protección, y a algunos recursos, dígase pintura para los kioscos de los elaboradores de alimentos.
En el caso de los carretilleros, agregó, se insiste en su movilidad y no estacionamiento frente a lugares públicos como los mercados agropecuarios estatales, además  se ha conversado con ellos para sensibilizarlos sobre la oferta de productos de primera necesidad a elevadísimos precios, en tanto se revisa la política de comercialización de los productos agropecuarios,  para evitar que muchos se suministren a  estas personas y no a los mercados, por violaciones de las entidades productoras.
Ariel Fonseca, director provincial de Trabajo se inclina por un mayor debate del tema en cuantos espacios se requieran, y por un cambio de mentalidad para que el sector no estatal se vea como algo importante, y se tomen las decisiones adecuadas para impulsarlo más.
Coincide con la pertinencia de encontrar respuesta al mercado mayorista con precios adecuados, lo que no justifica que a mil 899 de los autoempleados se le haya tenido que retirar la autorización por adeudos con el fisco, si además la mayoría de ellos están acogidos al régimen tributario simplificado.
Confiere a los gobiernos locales la responsabilidad de concretar más acciones para que estén mejor organizados, en lugares dignificados, e incluso acogidos a reglamentos.
Habló de aprovechar más sus prestaciones por parte de las entidades estatales, y para impulsar programas actuales, como el otorgamiento de subsidios para acciones constructivas a cientos de personas de bajos ingresos, las cuales pueden servirse de los múltiples albañiles que hay en cada lugar.
Si será esa gran parte de la fuerza de trabajo del futuro, hay que pensar estimular  su calificación, destacó como ‑­
otro reto que impactará en la eficiencia y calidad del autoempleo.
Apostó, asimismo, por desterrar el inmovilismo, elevar el intercambio constante con este segmento laboral, generar creatividad a nivel local, orientarlo hacia aquellas actividades que mejor provecho puedan dar, dada las características de cada zona.
En coincidencia con sus argumentos, pensamos en Pilón, y en la posibilidad de que un día los cuentapropistas allí, más que vender vasijas plásticas, realicen actividades que tributen al desarrollo turístico de ese polo, con la confección de artesanías varias, maracas, suvenires de barro; jabas, pencas y sombreros de yarey y otras fibras naturales con atractivos diseños y el nombre de Cuba grabado, la oferta de comidas típicas, y quién sabe si hasta se especialicen como acompañantes de los vacacionistas por los bellos senderos naturales del entorno.
AFANES
En definitiva bastante queda por perfilar para que este modo de trabajo ocupe el espacio real que le corresponde dentro de la actualización de nuestro modelo económico, y no solo trascienda como beneficio para las familias de quienes lo ejercen, sino como servicio de creciente aceptación popular
Lograr su efectivo impacto dinamizador dependerá, igual, de su relación, sin trabas burocráticas, con la industria, la agricultura y otros sectores, y de la futura incorporación, como sugieren especialistas, de actividades que aprovechen más la inversión que Cuba ha hecho en el conocimiento, lo cual tiene que ver con el proceso de disponibilidad que afectará a universitarios que requerirían un empleo acorde con su preparación.
Se trata de estrechar los vínculos entre el sector no estatal y estatal, como suma armónica e ineludible para la anhelada evolución de la economía cubana.